POR MERCEDES ALONSO
El aborto, ¿y ahora?...
La decisión de la Asamblea Revisora de aprobar en segunda lectura el artículo 30, coloca al país, una vez más, en esa posición donde comprendemos que las voces de las mayorías no se escuchan.
Lo lamentable es que las mujeres seguirán interrumpiendo los embarazos y no precisamente en manos de especialistas que velen por su integridad física. Triste futuro para un país donde se practican alrededor de 100 y 150 mil abortos anuales y la cifra de muertes maternas se mueve más allá de las 156 y 172 por 100 mil nacidos vivos. La República Dominicana está entre las naciones que más alta tasa de mortalidad materna poseen en América Latina y el Caribe.
Y si se piensa que de cada cien embarazadas en el país, unas 98 paren en centros de salud; es decir, que tan sólo un dos por ciento recibe asistencia de una comadrona, la pregunta sigue siendo, ¿por qué mueren tantas mujeres tras el mágico y hermoso proceso del alumbramiento?
A todo esto se suma que la propuesta, inspirada por el clero católico, colocó en manos de las cámaras legislativas dicha aprobación y para nada se tuvo en cuenta que, según las encuestas, un 73% de la población dijo que este no era un tema constitucional.
Sin duda, el artículo 30 llevó a muchas dominicanas y dominicanos a las calles y desde sus hogares también fueron escuchadas las voces que reflejó la opinión pública, porque los embarazos inviables por diferentes razones no son los políticos quienes deben decidirlos.
El debate del aborto en una discusión nacional, así se ha reflejado, sin duda, porque en un país donde tanto se repite la palabra democracia, los derechos de las mujeres no han sido respetados y el concepto de “abortos terapéuticos” quedó bajo una falacia de incomprensiones y decisiones arbitrarias.
Habrá que seguir con mirada, no sólo apesadumbrada, si no avizora, los índices de la mortalidad materna en esta nación, los huérfanos y huérfanas que podrán quedar en el camino y la manera en que buscarán soluciones las adolescentes violadas y otros casos de los cuales, hasta el momento, la sociedad no ha podido hacerse cargo.
¿Tendrán que hablar nuestras voces las instancias internacionales, para que quienes deciden aquí comprendan lo que significa en realidad respetar los derechos humanos?
El aborto, ¿y ahora?...
La decisión de la Asamblea Revisora de aprobar en segunda lectura el artículo 30, coloca al país, una vez más, en esa posición donde comprendemos que las voces de las mayorías no se escuchan.
Lo lamentable es que las mujeres seguirán interrumpiendo los embarazos y no precisamente en manos de especialistas que velen por su integridad física. Triste futuro para un país donde se practican alrededor de 100 y 150 mil abortos anuales y la cifra de muertes maternas se mueve más allá de las 156 y 172 por 100 mil nacidos vivos. La República Dominicana está entre las naciones que más alta tasa de mortalidad materna poseen en América Latina y el Caribe.
Y si se piensa que de cada cien embarazadas en el país, unas 98 paren en centros de salud; es decir, que tan sólo un dos por ciento recibe asistencia de una comadrona, la pregunta sigue siendo, ¿por qué mueren tantas mujeres tras el mágico y hermoso proceso del alumbramiento?
A todo esto se suma que la propuesta, inspirada por el clero católico, colocó en manos de las cámaras legislativas dicha aprobación y para nada se tuvo en cuenta que, según las encuestas, un 73% de la población dijo que este no era un tema constitucional.
Sin duda, el artículo 30 llevó a muchas dominicanas y dominicanos a las calles y desde sus hogares también fueron escuchadas las voces que reflejó la opinión pública, porque los embarazos inviables por diferentes razones no son los políticos quienes deben decidirlos.
El debate del aborto en una discusión nacional, así se ha reflejado, sin duda, porque en un país donde tanto se repite la palabra democracia, los derechos de las mujeres no han sido respetados y el concepto de “abortos terapéuticos” quedó bajo una falacia de incomprensiones y decisiones arbitrarias.
Habrá que seguir con mirada, no sólo apesadumbrada, si no avizora, los índices de la mortalidad materna en esta nación, los huérfanos y huérfanas que podrán quedar en el camino y la manera en que buscarán soluciones las adolescentes violadas y otros casos de los cuales, hasta el momento, la sociedad no ha podido hacerse cargo.
¿Tendrán que hablar nuestras voces las instancias internacionales, para que quienes deciden aquí comprendan lo que significa en realidad respetar los derechos humanos?
