Redes sociales vs libertinaje social
Emilia
Santos Frias.
Ante
el constante uso y abuso que dan algunas personas a nuestras libertades, específicamente,
a través de los medios de electrónicos. Violaciones
a derechos fundamentales; constatados en testimonios de personas cercanas;
monitoreo personal y toda la información
negativa que recibimos cada día, he analizado varias tesis: se debe a la forma folclórica
conque, la población dominicana toma todo; inobservancia de las leyes o a la gran
ignorancia educativa.
El
morbo; la burla, es constante en las
redes sociales. Y ese no es el uso correcto. Ellas han venido a optimizar la
aldea global que citó Marshall Mcluhan, en su libro “Guerra y Paz”.
El
autor habló de aldea global, para describir las consecuencias
socioculturales de la comunicación, inmediata y mundial, mediante todo tipo de
información. Ese cambio producido por la radio, el cine y la televisión; medios
de comunicación audiovisual; teléfono, la fotografía, la reproducción y
grabación de sonido. Así como por la prensa gráfica; el procesamiento digital…,
que difunden imágenes y sonidos de cualquier lugar y momento. Y ocupan un
espacio cada vez más importante en el hogar y la vida cotidiana. Una aldea que en
vez de dividir, uniría a ese ciudadano heterogéneo, diseminado en todo el
mundo.
Por
lo que, considero que, abrazar los
avances tecnológicos para hacer el bien, mediante la difusión de noticias
positivas; que eduque; oriente; contribuya a la prevención de problemáticas; incluso,
para acercar más a nivel personal a nuestros semejantes, haríamos un gran
aporte ala sociedad en que vivimos.
Hay inobservancia, desconocimiento de las reglas
Si
se enseñara desde la educación básica, valores universales, deberes y derechos,
hoy contaríamos otra historia.
En
la generalidad se está haciendo mal uso de las redes sociales, no hay duda de
eso. Y mediante ellas, se comete crímenes y delitos informáticos; penalizados
en nuestro país mediante la Ley 53-07. Los casos son tan abundantes como
variados en la temática que se comete violación, pero todos afectan derechos
fundamentales. La lista es grande y sigue aumentando ante las caras de nuestras
autoridades llamadas a poner correctivos oportunos y sentar precedente; cortar
de raíz su proliferación.
La
exposición de menores de edad víctimas de crímenes abominables; invasión a
privacidad; violación a la moral, dignidad, vida privada; correspondencia;
atentado sexual, desinformación, rumor tendencioso …
Es
penoso, pero hasta profesionales del Periodismo, cometen esas violaciones. A
nadie le luce y menos a nosotros-as. Al ser el este un servicio de interés
social y la información un bien común, tal como dice nuestro Código de Ética,
es nuestro deber reconocer y defender el derecho universal de las personas, a
informar y ser debidamente informadas.
De
igual forma, luchar por el libre acceso a las fuentes públicas y privadas de información,
para comunicar e interpretar los hechos con objetividad, veracidad y exactitud.
Al tiempo que, respeta y defiende el derecho de las comunidades nacionales,
raciales, religiosas, y políticas a la integración y desarrollo total del país.
Asimismo, propugnar la igualdad, la justicia
social y el bienestar para todos. Velando, porque el público tenga acceso a una
información fidedigna de los hechos, manejados objetiva e imparcialmente. Por
lo que, verificará y comprobará la información con precisión y claridad antes
de divulgarla.
Es
un compromiso, promover la educación, la cultura y la ciencia. Defender la
dignidad humana, la convivencia social y los valores esenciales de las
comunidades. Denunciará las acciones que atenten contra las personas y
protegerá la salud mental y la moral colectiva, desechando la pornografía, la
vulgaridad, la violencia y otros actos
sensacionalistas y degradantes en los medios de comunicación social. Por eso no
nos luce hacer mal uso de las redes sociales.
Hacer
lo contrario es cometer delito, actos violatorios a la ética profesional, Carta
Magna, Ley 61-32 de Expresión y Difusión del Pensamiento, entre otras
normativas especiales. Me refiero por ejemplo a: ocultar informaciones de
interés colectivo; utilizar documentos falsos o de procedencia desconocida;
participar en violaciones a los derechos humanos; la desinformación premeditada
y la difusión de rumores.
Igualmente,
irrespeto a la propiedad intelectual o el plagio; soborno, la extorsión o el
cohecho; difamación y la injuria; inmiscuirse en la vida íntima de las
personas, salvo en casos de que se violente el orden público o se trate de
hechos noticiosos de interés, entre otros. Esa situación hace que cuestionemos.
¿Es la prensa un caballero errante o un gran
dragón?.
Es
difícil aceptar lo uno o lo otro. Quizás es preciso recodar aquellos aforismos
aprendidos en las aulas: “Dura lex, sed lex”, lo que significa que dura es la
ley, pero es la ley y debe ser cumplida por dura que parezca, incluso por los gobernantes.
Por lo tanto, su incumplimiento, conlleva sanción.
Otra
máxima nos recuerda que la ley se reputa conocida para todos; desconocerla no
es excusa: “ignorantia iuris non excusat". Mucha gente toma el
desconocimiento como pretexto. Pero, nos enseñaron que la ignorancia de la ley
no sirve de excusa y, rige hacia el futuro, porque regula hechos que ocurren a
partir de su publicación. Es bueno que las personas dadas a hacer y deshacer,
mediante los medios electrónicos, no olviden este punto.
El
compromiso asumido como periodista es tan grande; sacrificamos en ocasiones, de
ser posible, nuestra propia seguridad, para proteger a la ciudadanía.
Sin
dudas las redes sociales han acercado familias; han puesto en contacto mucha
gente que hace años no se reencontraba. Y mediante ella, hasta han surgido
grandes amores, pero, su auge ha permitido a gran escala, mayor exposición a
nivel de masas; por ende, mayores niveles de violación a la privacidad. Por lo
que, es necesario buscar medidas contundente, que impidan siga aconteciendo. Esto no es exclusivo de la República Dominicana.
El fenómeno se da en todo el mundo.
Es oportuno reiterar
que, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, es enfática; y al igual que la Constitución de la República
Dominicana de 2010, protege derechos y deberes fundamentales de las personas
ciudadanas, entre los que se encuentra la libertad de expresión, integridad e
inviolabilidad de la correspondencia y demás documentos privados. Así como, la
Ley General de las Telecomunicaciones, 153-98, que establece la obligación de
respetar la inviolabilidad de las telecomunicaciones. Al tiempo que, prohíbe el uso de las telecomunicaciones para cometer
delitos o entorpecer la acción de la justicia.
Esta misma ley que
prevé que el desarrollo de las tecnologías de la información y de la
comunicación, afirma que justo ese desarrollo, favorece la comisión de delitos
tradicionales; nuevas modalidades de infracciones y hechos que afectan
intereses patrimoniales, extrapatrimoniales de las personas físicas y morales. Además,
del Estado y las instituciones que lo representan. La difamación y la injuria
son sólo dos ejemplos de ellos.
Es la Ley de Crímenes
y Delitos de Alta Tecnología, quien precisa: la difamación y la injuria
pública, cometida a través de medios electrónicos, Informáticos, telemáticos,
de telecomunicaciones o audiovisuales; en aumento cada día, se sanciona con la
pena de tres meses a un año de prisión y multa de cinco a quinientas veces el
salario mínimo.
Para
reforzar esta ley, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL),
aprobó recientemente, el Reglamento para la obtención y preservación de datos e
informaciones por parte de los proveedores de servicios. Es decir las empresas telefónicas
están en el deber de ofrecer la información
solicitada por los Órganos de Investigación del Estado. Contribuyendo así,
a la protección de derechos humanos fundamentales, tales como la libertad de
expresión, el respeto a la vida privada, hogar y correspondencia y protección
de datos de carácter personal. Al tiempo que, da un gran golpe a los criminales
cibernéticos.
En
torno a este tema, la Ley 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento, en su acápite:
Delitos contra las personas, castiga la difamación: alegación o imputación de un hecho que
encierre ataque al honor o la consideración de la persona, aun cuando se haga
en forma dubitativa o si alude a una persona o a un organismo no mencionados de
manera expresa, pero cuya identificación se haga posible por los términos de
los discursos, gritos, radioemisiones, películas, amenazas, escritos o
impresos, carteles o edictos incriminados.
También,
la injuria: toda expresión ultraje, término de desprecio o invectiva que no
conlleve imputación de hecho alguno. Si fue cometida con el propósito de provocar
sentimientos de odio en la población, en perjuicio de un grupo de personas que,
por su origen, pertenecen a alguna raza o a alguna religión determinada…
La
población debe estar atenta, apropiarse de sus libertades y contribuir a la garantía
de los derechos de sus semejantes.
Generalmente,
estos delitos se cometen mediante publicación, difusión o reproducción, por
cualquier medio, y se evidencian mediante noticias falsas; documentos
fabricados, falsificados o falazmente atribuidos a terceros. Publicaciones; difusiones; reproducciones que perturban la paz. Trastorno de la disciplina;
la moral; perjuicio a la nación, así como el ultraje a la buena costumbre. También,
se expresa mediante dibujos, grabados, pinturas, emblemas o imágenes obscenas
expuestas a la vista del público.
Y
si bien es cierto que nuestra Constitución Dominicana de 2010, en su Artículo
49, expresa que: ”Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus
pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda
establecerse censura previa”, Ese disfrute de esas libertades se ejercerá
respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y la
moral de las personas, en especial la protección de la juventud y de la
infancia, de conformidad con la ley y el orden público.
Al
mismo tiempo, el Artículo 44, consagra
el derecho a la intimidad y el honor personal. Que se garantiza con el respeto
y la no injerencia en la vida privada; familiar, el domicilio y la
correspondencia de las personas. Reconoce el derecho al buen nombre y a la
propia imagen. Y toda autoridad o particular que los viole está obligada a
resarcirlos o repararlos.
La
Carta Magna es sentenciosa al indicar que: ”el hogar; el domicilio y todo
recinto privado de la persona son inviolables, salvo en los casos que sean
ordenados, de conformidad con la ley, por autoridad judicial competente o en
caso de flagrante delito. Y toda persona tiene el derecho a acceder a la
información y a los datos que sobre ella o sus bienes reposen en los registros
oficiales o privados, así como conocer el destino y el uso que se haga de los
mismos.
Reconoce
la inviolabilidad de la correspondencia, documentos o mensajes privados en
formatos físico, digital, electrónico o de todo otro tipo. Sólo podrán ser
ocupados, interceptados o registrados, por orden de una autoridad judicial competente,
mediante procedimientos legales en la sustanciación de asuntos que se ventilen
en la justicia y preservando el secreto de lo privado, que no guarde relación
con el correspondiente proceso.
Es
decir, es inviolable el secreto de la comunicación telegráfica, telefónica,
cablegráfica, electrónica, telemática o la establecida en otro medio, salvo las
autorizaciones otorgadas por juez o autoridad competente, de conformidad con la
ley, como ha sido señalado.
Justo
al finalizar este escrito recibo la mirada del presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, quien expresó, que
llama mucho la atención y preocupación, como en el país se viola el derecho a
la intimidad tema que deja al descubierto el descontrol que vienen teniendo las
redes sociales en estos últimos años.
Mercedes, dijo que debe hacerse de manera
urgente, una campaña de concienciación de la ciudadanía acerca del respeto a la intimidad de las personas. “el pueblo en
vez de asustarse e indignarse con algunos casos de violación, mejor se ríe y
propaga informaciones muchas veces falsas”.
Informó
que la República Dominicana ocupa el puesto número 10, en la lista negra de
países que a diario; horas tras hora; minuto a minuto, violenta los derechos
humanos.
Esta
afirmación en el momento que vivimos, no será puesta en dudas. Debido a que, tenemos
el caso de diversas informaciones que cubren las portadas de nuestros diarios
impresos, difundidas por la radio y la televisión; replicadas muchas veces, mediante los medios electrónicos, sin ser
fundamentadas.
El
bombardeo de informaciones negativas; falsas; alarmantes. Rumores que mantiene a
la opinión pública preocupada: desinformación ante crímenes; leyendas urbanas;
reforzamiento de mitos; vulneración de derechos de la mujer…, la lista es
interminable y debemos entre todas y todos poner fin a esta situación, de
invisibilizaciòn de nuestros derechos fundamentales. La sociedad no soporta más perturbación a la
paz.
No
en vano, el escritor y semiólogo italiano, Umberto Eco, afirmó: ”Las redes
sociales generan una invasión de imbéciles.
El tonto del pueblo, ahora es el portador de la verdad”.
La
autora es educadora, periodista, abogada y locutora.
