MUJERES DE LEY
“Las mujeres en la justicia son respetadas y admiradas”
CÁNDIDA RAMOS COORDINA EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LAS PERSONAS Entrevista. Cándida Jocelyne Ramos Ovalles cuenta su experiencia profesional, como coordinadora del Departamento de Delitos contra las Personas de la Fiscalía del Distrito Nacional.
Wanda Méndez
wanda.mendez@listindiario.com
Organizada, estudiosa, trabajadora y valiente. Son cuatro cualidades que definen a Cándida Jocelyne Ramos Ovalles, la primera mujer que ocupa la función de coordinadora del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra las Personas de la Fiscalía del Distrito Nacional.
Bajo su responsabilidad recae la investigación de cientos de casos penales, con un equipo compuesto por nueve fiscales (ocho hombres y una mujer), dos abogados ayudantes y 13 empleados administrativos.
Al entrar a su oficina, la primera impresión es el orden con que la mantiene y la elegancia de su escritorio.
“Uno tiene un reto, que asume, porque este fue el trabajo que eligió, uno piensa en su familia cuando tiene que ir a un tribunal y enfrentar a delincuentes”
Cándida Jocelyne Ramos Ovalles, procuradora fiscal adjunta.
Se preocupa por el más mínimo detalle, incluyendo tomar las precauciones de cambiar de lugar su cartera para que no salga en la foto.
Sobre su escritorio reposan pocos documentos, porque los mantiene de forma organizada en un salón contiguo.
Ella está consciente del riesgo que corre, al tener que investigar las infracciones que define como las más delicadas del sistema judicial: los delitos contra las personas. Los fiscales son la parte acusadora y tienen que dar la cara durante las audiencias contra los imputados.
Aún así, no se arrepiente de formar parte del ministerio público y con orgullo confiesa: “no me da miedo, soy fiscal por elección, yo elegí entrar al ministerio público”.
El departamento que dirige tiene a su cargo los casos de homicidios, golpes y heridas, secuestros, desaparecidos y tráfico de armas, que lleva desde la etapa inicial hasta que concluye el proceso judicial.
Por esos delitos, los fiscales piden condenas de entre 3 a 30 años. Esa es la razón por la que Ramos Ovalles sostiene que se debe hacer una investigación objetiva, clara y precisa, porque los fiscales tienen la vida de las personas en sus manos.
Al ser la parte inquisitiva del proceso, a veces el presunto infractor a la ley no ve que lo están juzgando porque cometió un crimen, sino porque el fiscal lo está sometiendo.
“Uno tiene un riesgo, que asumo, porque fue este el trabajo que eligí hacer, uno piensa en su familia y en uno mismo cuando todos los días tiene que ir a un tribunal y enfrentar a delincuentes”, indica.
Ha vivido momentos de preocupación en los que ha temido por su seguridad. Recuerda aquel día cuando se encontraba, a las dos de madrugada, en un barrio de la parte norte de la capital, haciendo un levantamiento de información.
“Yo miré en aquel barrio y dije: Dios mío, yo estoy parada en este cruce de calles, yo expongo mi vida cada vez que vengo aquí, ¿por qué?, porque puede venir una bala perdida de cualquier sitio…”, cuenta.
Aunque estaba acompañada de agentes policiales, ese día ella sintió que su vida corría peligro, sobre todo, “por ser mujer”. Reconoce lo riesgoso que es hacer un levantamiento por las noches, porque puede pasar cualquier cosa.
Por lo delicado de las funciones que desempeña, dos agentes de seguridad se encargan de garantizarle protección.
Fiscal 24 horas
“Aquí se investiga, se litiga, se hace turno diario de levantamiento de cadáver, el fiscal de homicidio es fiscal 24 horas, porque todos los días ocurren crímenes y situaciones dentro de la ciudad que ameritan la presencia de un fiscal”, explica.
También en la profesión del derecho se corre un riesgo, subraya, porque se está tratando con los intereses y la vida de la persona, porque hay una persona que ganará y otra que perderá.
Aunque es la coordinadora del departamento, sigue asumiendo la investigación de los casos, al igual que los demás fiscales adjuntos, que tienen asignados hasta más de 200 expedientes judiciales.
La diferencia, expresa, es que ella traza las directrices del trabajo, en el que ha obtenido buenos resultados, porque muestra un índice de 97 por ciento de condenas.
“Siempre he tratado de hacer mi trabajo con transparencia, y ser objetiva, no tengo nada contra nadie; el ministerio público no es imparcial, es la parte acusadora, lo que el ministerio público tiene que ser es objetivo”, puntualiza.
Visión de género
En el ministerio público, las mujeres no son discriminadas, dice. Y de inmediato refuerza que las mujeres en el sistema judicial son muy respetadas y admiradas, especialmente “por su honestidad, transparencia y por el manejo adecuado que le dan a los departamentos y los tribunales que nos ha tocado a nosotras presidir, en el caso de los jueces, y coordinar, en el caso de los fiscales”.
Señala que las fiscales son mujeres compenetradas con la actividad que realizan en el ministerio público.
Sostiene que le ha ido bien en su labor de coordinar un personal compuesto mayormente por hombres, logrando hacerlo con armonía.
“Los hombres son tan manejables como las mujeres, lo único es que hay que saberlos tratar, lo principal es el respeto, yo los respeto a ellos, y ellos me respetan a mí”, dice.
Gratificante
La experiencia con el caso de la señora Carmen Colón, le llenó de satisfacción. Una nieta de Colón fue violada sexualmente y ese hecho desencadenó en dos homicidios contra una hija de esa señora y un nieto, así como una lesión permanente a otro nieto.
“Ese caso me llegó mucho, porque fue muy triste”, comenta. La señora, residente en el sector Los Guandules, iba siempre a su despecho a pedirle que se hiciera justicia, hasta el punto de llevarle al cura del sector en una ocasión. Todos los acusados fueron condenados.
“Esa señora me echó muchas bendiciones, me dijo que iba a orar por mí, por mi seguridad, porque yo siguiera haciendo mi trabajo…, esas son mis satisfacciones”, enfatiza.
Ese caso fue publicado recientemente por LISTÍN DIARIO, en una serie de reportajes sobre las víctimas colaterales de la delincuencia.
Casos complejos
Por citar algunos, ese departamento lleva las investigaciones de varias muertes atribuidas a sicarios de la red de Figueroa Agosto; del joven Wilson Amparo Luna, asesinado de manera equivocada en Los Cacicazgos; la muerte de un comerciante de Santiago que fue mandado a matar por su misma esposa; del hijo del diputado Molina Lluberes, el médico que mataron en el Jardín Botánico, una muchacha que descuartizaron y llevaron al río de Haina, presuntamente por su marido. Conoce todos los casos de feminicidio.
Experiencia en el ministerio público
Entró al ministerio público en el 2004 como fiscal adjunta.
Luego de un ejercicio de 16 años como abogada privada, se inició como fiscal de tribunales, asignada a la Duodécima Sala Penal. Allí duró dos años, pero subía a otras salas cuando faltaba un fiscal.
De ahí pasó al departamento de litigación final, donde se conocían expedientes que eran enviados a ese departamento. Luego fue asignada en el departamento de litigación inicial, que conoce las audiencias de medidas de coerción y audiencias preliminares.
Después fue trasladada al Palacio de la Policía Nacional, para litigar los expedientes del departamento de robo y las investigaciones.
Lejos de su patria
Vivió cuatro años en Estados Unidos, pero retornó para dedicarse al ejercicio del derecho, pese a que tenía su familia allá. Se dio cuenta que en su país era que tenía que estar. “Ya tenía mi profesión, aquí yo era alguien, en Estados Unidos tenía que iniciar, allí era una más. Aquí, si tú haces tu trabajo con decencia y honestidad, puedes llegar”, dice.
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SU DESARROLLO Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Nace en San Francisco de Macorís, en el sector Naranjo, pero se crió en Santo Domingo, porque sus padres decidieron mudarse cuando ella tenía 6 años de edad, para garantizar los estudios universitarios a sus hermanos mayores. Es la penúltima de ocho hermanos, todos profesionales. Desde joven pertenecía a la pastoral juvenil de la iglesia Católica.
Tiene tres hijos.
Formación
El nivel primario lo cursó en la escuela Panamá y el secundario en el liceo Ramón Emilio Jiménez, donde se graduó de bachiller en ciencias físicas y matemáticas. Estudió derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde se graduó en el año 1988.
Cursó estudios de maestría en derecho internacional en la UASD y postgrado en derecho y procedimiento penal en APEC. Se especializó en feminicidio y violencia de género, en Guatemala. Realizó diplomados en Costa Rica, Argentina, Puerto Rico y Chile.
